INFORME DE GESTION
JUNIO 2001
Aunque a finales de los ochenta, el gobierno
nacional dio inicio a una significativa apertura en las telecomunicaciones con
la entrega de concesiones de estaciones de radio FM y de televisión por
suscripción (sistemas MMDS), no es sino hasta el año 94, cuando se dan claros
indicios de la intención de iniciar la
promoción de estos servicios con la entrega de concesiones de Tv por cable a
Supercable y a Veninfotel. De esta manera se inicia la construcción de las
grandes infraestructuras de redes de telecomunicaciones, promoviendo así, la
instalación de redes alternativas que
verdaderamente irían a competir en Nov. de 2000 con la CANTV, empresa
monopólica de las telecomunicaciones que finalizaba su periodo de concurrencia limitada.
En este momento existe una total apertura de las telecomunicaciones en
Venezuela y las compañías de cable representan la real alternativa.
La Cámara Venezolana de la Televisión por
Suscripción, CAVETESU, ha mantenido un
rol activo y protagónico en el fortalecimiento y consolidación de la industria
de la televisión por suscripción y de estas nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones, construidas por Intercable, Net Uno y Supercable.
Dentro de las actividades más destacadas de
CAVETESU, señalamos lo siguiente:
A.
Hemos
establecido excelentes relaciones con los entes públicos y privados, mantenido un perfil destacado y
participativo en las decisiones que impactan al sector telecomunicaciones.
B.
Hemos tenido
una participación activa y permanente en las diversas gestiones administrativas
y trámites regulares seguidos ante Conatel.
C.
Hemos tenido
una gestión permanente con los medios de
comunicación social para mantener una presencia de imagen de la Cámara.
D. Hemos tenido una participación
protagónica y permanente en las audiencias públicas convocadas por Conatel para la discusión de la Ley de
Telecomunicaciones (en sesiones permanentes desde junio de 1999), así como de los proyectos de Reglamentos
presentados desde 1995.
E.
Hemos
realizado gestiones permanentes ante diversos organismos públicos tales como la
Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia y diversos Ministerios (Ejecutivo), así como ante los Tribunales competentes en defensa de los intereses del sector
telecomunicaciones.
F.
Hemos
participado activamente en las sesiones de trabajo convocadas por Conatel para hacer nuestros aportes en
lo que va a ser el modelo administrativo del proceso de apertura de la
telefonía básica.
La posición sostenida por CAVETESU a lo largo de los últimos
cinco años, ante las citadas instituciones nos han permitido lograr:
Eliminar la calificación de “consumo
suntuario” (lujo), al servicio de CATV, contemplado en el “Proyecto de Ley de
Reforma Parcial de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al
Mayor”, que se discutía en el Congreso
de la República (Junio 1995).
Logramos obtener el respaldo de
entes públicos para rechazar la solicitud de CANTV de obtener una concesión
para operar y explotar servicios de televisión por suscripción (CATV).
Logramos el
apoyo de entes públicos (Conatel y
algunos Ministerios) para modificar el proyecto de Ley de Promoción y
Protección a las Inversiones, lográndose eliminar un artículo que reservaba el
sector de CATV a las inversiones venezolanas (10/22/1999).
AREAS DE ACCIÓN INMEDIATA AÑO 2001-2002
EVALUACION DEL PROCESO DE APERTURA: UN ACIERTO
El pasado 27 de noviembre del año 2000, fecha en la cual
culminó el periodo de concurrencia limitada o monopolio de la CANTV en la
telefonía básica, marca uno de los hitos fundamentales de la fase inicial del
proceso de apertura de la telefonía básica y de las telecomunicaciones en
general en Venezuela. Sin embargo, este
hito luciría aislado sin el examen del proceso de conformación de un nuevo marco legal que sustenta el desarrollo del
sector y establece las líneas maestras del proceso de apertura. En primer lugar, hay que hacer referencia a
la Constitución Bolivariana
elaborada por la Asamblea Nacional y aprobada vía Referendum el 15 de diciembre de 1999. Durante el
proceso de discusión de la nueva constitución se logró eliminar la reserva de las telecomunicaciones al
Estado, y se plasmo el rol del mismo en el
sector, al establecer que es de competencia
nacional la administración del espectro electromagnético y de las
telecomunicaciones (Art. 156, ordinal 28).
Adicionalmente, la carta magna establece la igualdad de trato a la
inversión nacional y la inversión extranjera (Art. 301). En tercer lugar, estableció la condena al
monopolio, abuso de posición de dominio y cartelización de precios (Art.113),
razón por la cual se da preeminencia a la competencia entre los actores
económicos y al rol regulador del Estado.
El segundo elemento que permite sustentar el marco de seguridad jurídica del sector
lo constituye la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, promulgada el 12 de
junio de 2000. Antes de pasar a
analizar este instrumento jurídico, debe resaltarse el estilo de conducción del
proceso de formulación del mismo, dirigido
por Conatel, el cual fue llevado a cabo dentro de un espíritu de amplitud donde todos los entes involucrados pudieron
aportar sus puntos de vistas para garantizar, de esta forma, un producto final
basado en el consenso.
El nuevo marco legal de las telecomunicaciones contiene
elementos novedosos que permitirán un aumento
sustancial de las inversiones en el sector e impone una base de racionalidad tributaria y de seguridad
jurídica, elementos que deberán traducirse en un mejoramiento de la calidad de los servicios de
telecomunicaciones, así como un incremento del número de opciones disponibles para los usuarios, que en definitiva es el
objeto de la Ley. El incremento en las inversiones en telecomunicaciones
ejercerá un efecto multiplicador en la modernización
de la economía, creación de nuevos empleos, aumentará la productividad y
tendrá una participación importante en la reactivación económica del país y en
el incremento de la competitividad de Venezuela a escala global. Adicionalmente
a lo anteriormente mencionado, el aporte del sector privado a través del Fondo de Servicio Universal, permitirá
favorecer la prestación de servicios de telecomunicaciones en zonas de baja rentabilidad y contribuir al
desarrollo del país. El Fondo de Investigación y Desarrollo de las
Telecomunicaciones, desarrollará una plataforma educativa que garantiza la
transferencia de tecnologías a los fines de impulsar una base sustentable para el desarrollo del país y la formación de
recursos humanos con herramientas educativas de avanzada tecnología. Adicionalmente, el nuevo marco legal promueve las acciones del consumidor y
de las iniciativas no gubernamentales en procura de una mejor calidad del
servicio, lo cual implica que las empresas estarán sujetas a una doble regulación: a) Por una parte
Conatel b)y por la otra las organizaciones de usuarios tanto en forma colectiva
como particular. Vale la pena destacar,
que las normas que rigen el proceso de
apertura, establecen una
regulación dirigida a impulsar
la competencia efectiva en el mercado relevante, así como favorecer el
proceso de transición del monopolio en telefonía básica y del duopolio en telefonía
celular hacia la competencia efectiva, con la implantación de un sistema
transitorio de bandas de
precios y la
regulación de la posición de dominio hasta tanto se alcancen condiciones
mínimas de competencia y de cobertura del mercado por los operadores entrantes.
En otro sentido, la Ley, promueve la
convergencia tecnológica y de servicios, propiciando que todos los
servicios de telecomunicaciones sean ofrecidos a través de una sola plataforma
o red, beneficiando al usuario en
materia de tarifas, planes y calidad de servicio. En este punto, debe resaltarse que sólo se requiere una
Habilitación Administrativa General para prestar cualquier tipo de servicio de
telecomunicaciones.
Conjuntamente con el desarrollo de la Ley, resaltan las
políticas dirigidas al sector y definidas en el “Plan Nacional de
Telecomunicaciones” y en el Documento “Apertura: Lineamientos de Políticas”, el
cual parcialmente ha sido vaciado en los diferentes Reglamentos que han sido
aprobados, entre los que destacan: el Reglamento de Apertura de la Telefonía
Básica, el Reglamento de Interconexión y el Reglamento sobre Habilitaciones
Administrativas. Si bien ha existido
algún retraso en la aprobación de dichos instrumentos de rango sublegal, el
mismo no debe ser imputado a Conatel sino al normal proceso de la
administración pública que tiene que procesar y jerarquizar el tramite de todo
instrumento que debe ser revisado por diversas instancias antes de su
aprobación. Sobre este punto, hay que destacar la transparencia con que se
han llevado a cabo los procesos de
consulta pública de los diversos instrumentos normativos propuestos por
Conatel.
Este marco de seguridad jurídica en el sector de las
telecomunicaciones, se ve fortalecido por las oportunidades que ofrece la economía de Venezuela a corto plazo. En este sentido, las variables
macroeconómicas tales como: Crecimiento económico para el año 2001 estimado en
5% del PIB, reducción del nivel de inflación, elevadas reservas
internacionales, potencial del país para concretar altos niveles de inversión
pública, entre otras. Además, se ha controlado el sobresalto devaluacionista al
que han estado sometidas las empresas del sector a lo largo de una década,
circunstancia que le da piso firme y confianza a las inversiones y una expectativa
de retorno al capital que hace atractiva la inversión en este sector de la
economía. Otro elemento que permite favorecer las oportunidades de inversión,
lo representan los niveles de precios del petróleo, que se estima se mantengan
en un nivel aceptable. Todo esto, constituye un conjunto de elementos que
permiten visualizar en el corto y largo plazo excelentes oportunidades de
inversión en Venezuela, que al
concretarse, permitirán fortalecer la opción del país como centro regional de
las telecomunicaciones, lo cual se ve favorecido por su notable posición
geoestratégica. Estas circunstancias,
le darán a Venezuela un notable posicionamiento ante la Comunidad de
Autoridades Andinas de Telecomunicaciones (CAATEL), dada la proximidad de la
liberalización de las telecomunicaciones en el área andina, prevista para el
primero de enero de 2002.
El análisis de estas condiciones es lo que ha determinado la
decisión de las principales empresas del sector de televisión por
suscripción, Intercable y Net Uno (Veninfotel)
de apostar por el éxito de la apertura y de continuar invirtiendo en el país,
de ahora en adelante como empresas de
telecomunicaciones.